La Defensoría del Pueblo presentó una cautelar para que se declare nula la audiencia que permite avanzar con el incremento.

Se viven tiempos de servicios públicos onerosos y de desregulaciones y libertades económicas en los que agua, luz y transporte superaron holgadamente el ritmo inflacionario. También es cierto que los incrementos deben ser validados por audiencias públicas, que si bien no tienen en cuenta la opinión de la ciudadanía sí cuentan con encuadres para que lo que vaya a legitimarse cumpla con condiciones básicas de información veraz y de fácil acceso.

El pasaje de colectivos aumentará la semana próxima pero la Defensoría del Pueblo presentó una medida cautelar con recurso de amparo que buscará frenar el incremento a partir de una serie de cuestionamientos a las audiencias que tuvieron lugar a fines de septiembre.

Uno de los planteos que efectuó el órgano constitucional ante el Juzgado Civil y Comercial 21 es que no se atendió lo que consideró como necesario, vinculado a que un externo revise si era correcto el estudio de costos en cuanto a su composición y sus valores, ya que desde la Defensoría indicaban que tenía varias zonas grises.

"Se discutió el valor y la actualización y en ningún momento se discutió cómo mejorar la calidad del servicio, cómo darle un mejor servicio a 500.000 personas que dependen del transporte público, cómo mejorar la infraestructura, cómo mejorar la frecuencia, cómo generar sistemas de monitoreo, de control y de información al usuario", sostuvo el defensor del Pueblo, Bernardo Voloj, para marcar las motivaciones de la judicialización.

Es que entre las razones marcan que al tratarse de un medio utilizado en su mayoría por sectores de menores recursos económicos aumentos significativos lo privan de la utilización de micros.

"La medida cautelar resulta necesaria e indispensable para evitar un daño irreparable a los usuarios del servicio de transporte público, quienes han visto afectado su derecho a acceder a un medio de transporte asequible en un contexto de profunda vulnerabilidad económica, siendo importante destacar que la imposición de un incremento desproporcionado e injustificado impacta directamente sobre los sectores más vulnerables", indica el escrito.

INCONSISTENCIAS

El argumento de la Defensoría del Pueblo es que la audiencia no cumplió con un requisito esencial que el de informar cuál iba ser el costo que debía pagar los usuarios por el servicio y con una tarifa técnica a la que cuestionan su elaboración y de la cual no permitía deducir cuánto aportaría el Estado.

"Tres días después de las audiencias el gobierno emite un comunicado oficial en el que decía que la tarifa sería de 1150 pesos pero resulta que en la audiencia el subsecretario de Transporte señalaba que no sabía cuál iba ser el costo", expresa Voloj, para dejar entrever que considera que el gobierno sabía de antemano el valor pero quiso guardar la información por lo sensible que implica un aumento del pasaje de colectivos.

Como ejemplo de audiencia en la que se accede a los datos destacó lo ocurrido cuando realizó Sameep, que de antemano se conocía que se discutiría una actualización del 300 por ciento.