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Subsidios para el transporte, la historia sin final y sin recursos

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Nación espera que los gobernadores usen parte de los ATN para reforzar la asistencia al sistema. En Córdoba el costo total del sistema por mes es de $328 millones (66% va a sueldos y 34% a mantenimiento de unidades y gasoil).

Los subsidios al transporte del interior del país y la equiparación de su situación con el de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires es una historia de nunca acabar. La frazada de Nación siempre es corta para tratar a las provincias con la misma vara que a los dos conglomerados que son claves en el juego electoral. En Córdoba el costo total del sistema por mes es de $328 millones (66% va a sueldos y 34% a mantenimiento de unidades y gasoil), el rojo –después de los aportes de Nación y Provincia- es hoy de $120 millones porque impacta la fuerte caída en el corte de boleto (es el 20% del promedio mensual de 2019).

Cuando el titular de UTA nacional, Roberto Fernández, dijo que los gobernadores usan los subsidios nacionales para el sector para otros fines se refirió –aunque no lo aclaró- a que Nación espera que los mandatarios provinciales usen parte de los ATN que reciben para subsidiar el sistema. El gremialista contó que le preguntó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por los subsidios nacionales y que la respuesta fue que “mandaron más plata que antes”. “Yo se lo dije bien a Cafiero, si vos Santiago no mandás especificado a quién va la
plata, los gobernadores te dicen que no tienen la maquinita y la tiene el Gobierno nacional y la agarran para otro lado”, describió a Cadena 3. Nación no mandó más recursos del Fondo Compensatorio, lo que espera es que se usen ATN. De hecho, la Rosada rechazó el pedido del Ministerio de Transporte de crear un fondo especial extra de coyuntura para nivelar los números por la baja de pasajeros por la pandemia del nuevo coronavirus.

La respuesta fue que, si los gobernadores consideraban “esencial” al transporte, le destinaran parte de los ATN. Ese dinero las provincias lo reclamaron para poder hacer frente a la suba de gasto público por la pandemia en un contexto de caída de la coparticipación y de la recaudación propia. Así que lo que están usando es lo que reciben por el Fondo Compensador creado en la gestión de Mauricio Macri en reemplazo de los subsidios y renovado por la actual administración.

Ese global fue de $6500 millones por 120 días con la condición de que no aumentara la tarifa y se renovará hasta fines de setiembre, según fuentes del Ministerio de Transporte. El nudo es que con la caída del corte de boleto –que en el interior del país financia hasta el 60% de la tarifa- el dinero no alcanza. Ni siquiera con el acuerdo al que llegó la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (Fatap) con la UTA para en el interior pagar el 88% del salario sin aportes sociales, (el acuerdo está homologado por Trabajo).

Buenos Aires este año debe poner $46.000 millones para sostener el sistema y la Ciudad de Buenos Aires, $10.000 millones. Los empresarios señalan que lo hacen porque reciben giros extras de Nación que no hay para otras jurisdicciones. En el primer semestre, Buenos Aires recibió 22,4% de las transferencias automáticas a provincias, cuando representa 38,7% de la población y 35,1% del PIB nacional. En el otro extremo está Tierra del Fuego.

Las cifras cambian cuando se toman en cuenta los giros discrecionales (por fuera de la coparticipación): entre enero y junio Santa Cruz tuvo transferencias mensuales promedio por $1.399 per cápita. En ese esquema, última se ubica Mendoza, con $297. Buenos Aires está posicionada en quinto lugar entre las que más recibieron: $839 por habitante. El distrito gobernado por Axel Kicillof recibió como mínimo el doble de lo que obtuvo la Ciudad de Buenos Aires ($417 por habitante), Córdoba ($382) y Santa Fe ($323). Los datos se desprenden del Monitor Fiscal de las provincias elaborado por el economista Marcelo Capello, del Ieral.

La Fatap viene reclamando que se declare la emergencia para el transporte en todo el país ante la pérdida de $18.000 millones de ingresos, “lo que importa poner en grave riesgo la continuidad de casi 40.000 puestos de trabajo y numerosas empresas
de capital nacional”. En un comunicado, agregan que es “muy urgente” que el Estado Nacional, las provincias y los concedentes adopten “las medidas que el momentorequiere, a efectos de evitar una parálisis de los servicios, que agravará aún más el estado de situación descripto y cuya duración resulta impredecible”.

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