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Subsidios a los colectivos porteños: evitar a la Corte, el único consenso

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Nación y Ciudad siguen en posiciones divergentes respecto de los subsidios a los colectivos exclusivamente porteños, pero los principales negociadores, por distintas razones, prefieren evitar que se judicialice el conflicto.

Las diferencias entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires sobre los subsidios al boleto de las 32 líneas de colectivo cuyo recorrido empieza y termina en territorio porteño persisten, pero ambas administraciones tienen, al menos, una idea en común: evitar que la discusión escale al punto de la judicialización. Sobre la mesa no sólo hay 14 mil millones de pesos, el monto que a priori la Rosada intenta recortar, sino sobre todo una discusión política que podría terminar indeseablemente en los despachos de la Corte, tal como sucede con la quita de coparticipación por el traspaso de la Policía Federal.

Las conversaciones por ahora están estancadas, aunque el secretario de Transporte de Nación, Diego Giuliano, podría convocar a una nueva reunión este jueves, según pudo saber Diagonales. En la Rosada se mantienen firmes en los mismos planteos a partir de los cuales se desató el conflicto, hace ya un mes: que la Ciudad se haga cargo de subsidiar a las 32 líneas porteñas con sus propios recursos, sin que el precio final del boleto sufra un aumento.

Los argumentos que Nación llevaría a ese nuevo encuentro también se sostienen: mientras el boleto en territorio porteño cuesta 18 pesos (mínimo), en otras provincias, que incluso reciben menos subsidios, como Jujuy, vale 50 pesos. Esa postura fue defendida por el propio gobernador jujeño Gerardo Morales, y más tarde por el de Corrientes, Gustavo Valdés. En la Rosada están molestos porque, creen, la Ciudad goza de un privilegio y, a la vez, se defiende “victimizandose”.

En la vereda de enfrente, representada por Jorge Macri, insisten en que la apuesta es a sostener el diálogo. La idea con la que trabaja el ahora ministro de Gobierno porteño es encontrar una suerte de punto medio en las negociaciones que satisfaga por igual a ambas administraciones. Esa idea fuerza está sostenida en el rol articulador de consensos -incluso con el peronismo- en que se posicionó el ex intendente de Vicente López y presidente -de licencia- del Pro en la Provincia de Buenos Aires respecto de diversos temas, que le dan una espalda diferente a la hora de negociar.

Uno de los pedidos que llevó Jorge Macri a los encuentros de febrero y marzo con funcionarios de Nación fue que la Provincia se incorpore fehacientemente a la discusión, porque entiende que el problema afecta a toda la zona del AMBA. Podría darse la paradoja, explica, de que sea más barato atravesar la Ciudad desde un punto a otro del conurbano en un colectivo interjurisdiccional que moverse de un barrio a otro en territorio porteño en una de las 32 líneas afectadas.

Ese argumento trae consigo un posible aumento del precio del boleto en territorio porteño, lo que en la Ciudad creen que va a ser inevitable si Nación quita los subsidios. No está claro todavía hasta a cuánto puede llegar a trepar, pero sí que ése va a ser el desenlace. Es una de las cartas que tiene el Ejecutivo porteño en el marco de la negociación, porque en la Rosada quieren evitar el aumento como sea.

Respecto de la incorporación de la Provincia, Giuliano fue tajante. “Convocaremos a la Provincia en el ámbito de la Agencia Metropolitana de Transporte una vez que CABA acepte el traspaso de sus servicios. Incorporar a Provincia en una mesa donde todavía la ciudad de Buenos Aires no ha asumido la competencia de su propio transporte resulta inoportuno”, dijo.

Si la discusión se judicializa, la especulación más firme es que la Corte muy probablemente le dé la razón a la Ciudad, como ya sucedió el año pasado respecto de la presencialidad escolar. En los despachos de los supremos hay otro expediente similar, mucho más caliente, por el que pugnan el ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Ambos salieron de la última reunión cara a cara, el jueves pasado, más distanciados que cuando entraron. La Corte dio 30 días para seguir negociando. De Pedro mostró números: la Ciudad tiene un presupuesto per cápita nueve veces superior al de La Matanza, que tiene una población similar. El argumento pega en la misma línea de flotación que los referidos al transporte.

Ni bien comenzaron las negociaciones, la Ciudad dejó trascender que el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa, ya tiene redactado un boceto con el amparo judicial, en caso que nación publique de manera unilateral el decreto con el traspaso de las líneas y la reasignación de recursos.

“La idea es no llegar a eso, creemos que se puede lograr un punto medio mediante una negociación”, dijeron a Diagonales desde la sede porteña de Parque Patricios. Ese punto medio, creen, es más un tema político que financiero. En Transporte de Nación tampoco ven con buenos ojos esa posibilidad, aunque saben desde el principio de las negociaciones que es un desenlace probable. Por ahora, el flujo de recursos no se detuvo, por lo que el final sigue abierto. Habrá que ver si se impone o no un acuerdo

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