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Revisarán el 35% de las concesiones de colectivos

La Municipalidad confirmó que convocará una licitación por las líneas 10 y 12, y que renovarán las líneas 8 y 18. El conflicto de la 11.

Este año no será uno más para el transporte público en la capital: la concesión del 35% de las líneas de colectivos de San Miguel de Tucumán estará bajo la lupa.

Luego del conflicto por la concesión de la línea 11, la situación de las empresas que explotan las 14 líneas urbanas pasó al centro de la agenda municipal. “Vamos a ejercer el control a todas las empresas del transporte público. Hemos comenzado por la línea 11, porque los mayores reclamos que tenemos de los vecinos eran sobre esta línea”, había anunciado semanas atrás el intendente, Germán Alfaro.

Desde la Municipalidad confirmaron que en 2017 se llamará a licitación a las líneas 10 y 12, aparte de la resolución sobre la 11 tras la judicialización. Además, iniciará el trámite para la renovación de las líneas 8 y 18, por lo que podría modificarse el mapa los concesionarios de los colectivos en la ciudad.

El director de Tránsito y Transporte Operativo, Enrique Romero, explicó que tres meses antes del vencimiento de una concesión inicia un periodo de revisión en el municipio, donde el empresario debe manifestar o no su interés por la renovación. Si cumple con los requisitos, no tiene sanciones y las unidades están en las condiciones que fijan las ordenanzas, la renovación es automática por 10 años.

De acuerdo a información del registro de subsidios al transporte público del Ministerio de Transporte de la Nación, que encabeza Guillermo Dietrich, y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad, 15 empresarios están al frente de las 18 firmas que explotan las 14 líneas urbanas (algunas firmas integran uniones transitorias de empresas). De los informes se desprende que Alcides Courtade y César Atím explotan siete líneas, es decir, el 50% del servicio en la capital. Courtade integra las firmas El Cóndor (línea 17); General Belgrano (línea 9), Tucma UTE (línea 6). Atim forma parte de las empresas Transporte y Asociados SRL (línea 5) y El Ceibo SRL (línea 7). A su vez, entre ambos forman parte de las firmas que integran la UTE Servicios Jacarandá (líneas 3 y 12).

El conflicto por al línea 11 comenzó a finales de 2016. La Municipalidad había decidido los últimos días del año pasado quitar la concesión de la línea 11 a Inverbus SA, propiedad de Oscar Alonso, y otorgó de manera discrecional la explotación, con una concesión precaria y provisoria, a Leagas SA, firma de Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat). Alonso presentó luego un recurso de amparo en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que dictó una cautelar para que la Municipalidad diera marcha atrás con la quita de la concesión. La gestión de Alfaro recusó la sentencia, aunque la Justicia rechazó la apelación y sentenció que se devuelva la concesión a Inverbus SA.

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