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Los pasajeros pagan los platos rotos de las acciones judiciales del Defensor del Pueblo

Las empresas prestadoras de Transporte Público de Pasajeros del Área Metropolitana de Resistencia son meras concesionarias del sistema, es decir que los gobiernos provincial y municipal son los titulares del servicio que lo concesiona a manos privadas.

Gustavo Larrea considera que todos los actores del sistema deben encontrar una salida aesta coyuntura, aunque reconoce que las acciones tomadas por el Defensor del Pueblo laterminan pagando los pasajeros del servicio.

Las reglas de juego las impone el Estado y las empresas se someten a sus condiciones enmarcadas en procesos licitatorios que originan los contratos de concesión.

El análisis de situación lo realizó el doctor Gustavo Larrea, actual asesor de la Cetach y secretario de FATAP, el cual dio cuenta a NORTE acerca del panorama que enfrenta por delante el transporte público de pasajeros y el impacto que genera en el mismo las acciones del Defensor del Pueblo.

En el área metropolitana local, tanto la provincia como el municipio han establecido procesos de discusión de las tarifas conforme la metodología de cálculo de los costos del sistema que obran en los pliegos de licitación o en las normas complementarias que obligan al estado a mantener la ecuación económica de las empresas, sobre cuyas bases se ajustan los contratos de concesión.

Es decir, que si bien el Estado regula las condiciones de prestación, en cuanto a calidad de servicio, en un marco de seguridad y regularidad, debe mantener la estabilidad financiera de las transportadoras (artículo 6º de la Ley 95).

Bajo tales condiciones las prestadoras vienen reclamando de manera permanente el sostenimiento de las condiciones de costos del sistema al solo efecto de mantener la prestación de los servicios, sostener la fuente de trabajo y evitar el deterioro del capital invertido.

La discusión tarifaria que propone el Estado, como es su facultad, en el marco de audiencias públicas, en las que se discuten estructuras de costos que difieren de las condiciones reales del servicio que se presta en la jurisdicción, generan tarifas alejadas de las verdaderas condiciones de costos.

Deterioro del sistema

Sumado a esta situación de falta de reconocimiento de tarifas reales, en el área metropolitana de la capital, la constante intromisión del Defensor del Pueblo, con medidas judiciales suspensivas de los procesos orientadas a lo formal, sin un análisis técnico objetivo sobre las condiciones de costos del sistema, negándose a esa discusión en ese sentido de manera sistemática y a toda convocatoria del sector o de propias autoridades para acordar criterios y metodologías adecuadas a tales fines; solo ha contribuido al deterior del sistema, generando justamente el efecto contrario hacia quienes supuestamente intenta preservar, los usuarios del sistema, que terminan pagando los platos rotos de un servicio con tarifas atrasadas, que originaron un deterioro permanente que obligan al estado a generar compensaciones en subsidios que los terminan pagando todos los ciudadanos de la provincia, inclusive los que no usan el servicio.

Solo basta hacer un poco de memoria de los resultados obtenidos por la defensoría en los últimos años:

Durante año 2013 las empresas de transporte habían sido obligadas por el estado a una fuerte inversión en un sistema de cobro electrónico de pasajes mediante tarjetas sin contacto a través del Fideicomiso Tarjebus Chaco.

En el medio de ese proceso de inversión sin precedentes locales un fallo judicial retrotrajo las tarifas al mes de noviembre del año 2011. Los argumentos utilizados por la Defensoría del Pueblo para obtener el fallo resulto la falta de audiencia pública.

Tal situación obligó al Estado Provincial a compensar con subsidios las diferencias con el precio que debía estar vigente, con un aporte $6.500.000, trasladando los costos a todos los ciudadanos de la Provincia, aún a los que no son usuarios del sistema.

El 15 de Enero de 2015 se realizó una nueva Audiencia Pública, la Cetach presentaba en esa oportunidad una estructura de costos que arrojaba $ 7,44, el Estado concede una tarifa de $ 5,90.

Una nueva medida cautelar retrotrae nuevamente la tarifa a $ 3,75, los argumentos utilizados en esta oportunidad resultan la inconsistencia de los estudios oficiales y la falta de documentación respaldatoria.

En este marco de caída de las tarifas del sistema y reconociendo el Estado responsabilidad en sus decisiones, en audiencia de conciliación ante el Juez que ordenó la medida, se resuelve fijar una tarifa de $ 4 y compensar, para las líneas interurbanas de jurisdicción del Gobierno Provincial (Líneas 101,104, 106, 107, 110 y 111), $ 0,90 centavos por pasajeros transportados, sin participar de compensación alguna las líneas urbanas de jurisdicción municipal (Líneas 2, 3, 5, 8 y 11).

En la actualidad y después de haberse discutido los costos del sistema en Audiencia Pública, nuevamente se pone en tela de juicio la responsabilidad del Estado en las condiciones de formalidad y oportunidad de la discusión de las tarifas públicas.

Sin cuestionarse los resultados técnicos arribadas sobre criterios de rigor científico adecuados a la Metodología vigentes, amenazando con afectar como en otras ocasiones la situación económica de las empresas, ajenas las decisiones sobre los procesos a cargo del Estado.

Interpretación “limitada”

Las concesionarias se limitan a cumplir los contratos respectivos, realizando las inversiones fijadas, requiriendo la contraprestación necesaria para sostener el sistema mediante tarifas acordes a los costos conforme parámetros preestablecidos.

La fijación de los proceso de discusión de las tarifas es responsabilidad del Estado y la afectación de las concesionarias por las formas en su implementación también resultan de responsabilidad del concedente, quien deberá compensar en su caso, como ha ocurrido, o responder por los reclamos que legítimamente le corresponde a las concesionarias, afectando en ambos casos los intereses de todos los ciudadanos.

Por ello entendemos, que la interpretación limitada del “Ombudsman” local, con una mirada excluyente y crítica solo sobre el sistema de transporte local, sin detenerse a discutir de manera objetiva sobre las condiciones económicas del servicio.

Implican desconocer la realidad actual, en la que el sistema del interior del país atraviesa por unas de las crisis más importantes de los últimos tiempos, afectado durante el corriente año por una suba sin precedentes de la divisa norteamericana, del gasoil y de los salarios de los trabajadores, en el medio de un escenario de eliminación de los subsidios nacionales.

Con este panorama y sin la búsqueda por todos los actores de mecanismos de discusión adecuados, que permitan sostener el sistema, nos encontramos frente a la pronta eliminación de uno de los servicios esenciales para comunidad.

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