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Extendieron la conciliación obligatoria y se suspendió el paro de colectivos

Durante la extensa reunión de este lunes, empresarios, sindicato y gobierno avanzaron en las negociaciones pero no llegaron a un acuerdo. El Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria por otros cinco días y los choferes dejaron sin efecto las medidas de fuerza.

El paro de colectivos de 72 horas anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó suspendido en función de los avances en las negociaciones. Si bien no hubo acuerdo salarial, durante la extensa reunión que mantuvieron este lunes los empresarios, el sindicato y el gobierno nacional, no se llegó a un acuerdo para equiparar los salarios que se pagan en las provincias respecto de los del Amba, pero el Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria por otros cinco días y los choferes dejaron sin efecto las medidas de fuerza.

Mediante un comunicado, UTA informó que “habiendo sido dictada por Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la prórroga del período de conciliación laboral obligatoria, se ha dispuesto el acatamiento de la misma”.

El gremio que nuclea a los choferes lamentó que “una vez más, las provincias se encontraron ausentes en la negociación salarial de los trabajadores del interior, pese a haber asumido con el estado nacional la responsabilidad del transporte, en el denominado Pacto Fiscal”.

En ese sentido, UTA ratificó el pedido salarial y advirtió que “de no conseguir la firma del acuerdo salarial para los trabajadores una vez concluido el periodo de paz social resuelto, retomaremos las medidas de acción sindical, con más fuerza que nunca”.

Fatap hace semanas que viene advirtiendo que “el estado de situación del sistema de transporte de pasajeros requiere de la adopción de acciones urgentes que concreten la responsabilidad que dichas autoridades tienen en relación con el servicio público, cuya prestación han concesionado y tienen la obligación de sostener”.

Además, los empresarios manifestaron su preocupación “ante la falta de respuestas y soluciones a planteos concretos, fundados y justos”.

“En el ámbito del Estado Nacional no hemos encontrado satisfacción a nuestros requerimientos de un incremento sustancial en los aportes cuya insuficiencia hemos acreditado mediante informes técnicos proporcionados a las autoridades competentes”, sostuvieron desde la Federación, a la vez que lamentaron que “tampoco podemos esperar respuestas en este ámbito dado la inconcebible ausencia del Ministerio de Transporte en las últimas audiencias celebradas en este expediente”. Para los empresarios del sector, los fondos correspondientes al Fondo Compensador del Transporte “son objeto de una distribución tardía, irregular, parcial y carente de toda transparencia”.

Para los administradores de las empresas, la forma y los criterios de distribución de los subsidios “ocasionan serios perjuicios a las prestadoras, las que ven severamente dificultada la posibilidad de formular reclamos, atento la carencia de toda explicación técnica que sustente la distribución que se las practica”.

“Las jurisdicciones provinciales parecen desinteresarse de la suerte de un sistema destinado a satisfacer las necesidades de movilidad de sus habitantes, a lo que se suma la total ausencia de respuestas y compromisos en la definición de los aportes que están dispuestas a formalizar para garantizar la prestación de los servicios” expresaron desde Fatap.

En ese contexto, los empresarios del transporte exigieron la continuidad del Fondo Compensador del Transporte, mediante la emisión de la nueva norma que reglamente y contenga la distribución de los fondos necesarios y suficientes para hacer frente a la paritaria en curso. Además, reclamaron la concreción por parte de las jurisdicciones provinciales de un aporte igual al cien por ciento (100%) de los importes aportados por el Estado Nacional. Pero no es todo.

Fatap también sostuvo que debe darse una revisión tarifaria. Piden “el reconocimiento de los costos operativos por parte de las jurisdicciones provinciales que permitan sostener los servicios, en función del impacto que el proceso inflacionario vine provocando en cada distrito, mediante la readecuación de las tarifas vigentes”.

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